El cultivo intensivo de soja es el símbolo del modelo agrícola argentino actual. Esta forma de cultivo requiere gran cantidad de productos químicos de síntesis y, por lo tanto, supone un impacto de gran magnitud para la tierra y el agua de la zona. Si estos cultivos se realizan cerca de una zona residencial, es muy probable que se produzcan alteraciones de distinto tipo en la salud de los vecinos.
En la provincia argentina de Santa Fe se cultiva soja de forma intensiva y, en algunas zonas, estos cultivos se hallan cerca de viviendas. Tal es el caso de Urquiza, zona urbana castigada por la fumigación de pesticidas y que ha llevado a cabo una lucha sin cuartel por evitar que se fumiguen los campos colindantes con el núcleo urbano.
El pasado 21 de febrero una sentencia judicial prohibió la fumigación de pesticidas en la proximidad de Urquiza. Se trata de la primera vez que se prohíbe la fumigación de productos químicos por razones sanitarias en la agricultura argentina. Los tribunales están repletos de denuncias de ciudadanos que se sienten afectados por esta práctica dañina para el medioambiente y la salud humana. En 2009, el tribunal de Santa Fe ordenó la suspensión de la fumigación aérea en proximidad de zonas urbanas. Los productores de soja apelaron la decisión, apoyados por el gobierno provincial, pero la sentencia fue ratificada en segunda instancia. El tribunal ha exigido al gobierno de Santa Fe que demuestre la inocuidad de los pesticidas utilizados en los cultivos de soja intensivos.
Esta decisión supone un éxito para los organizadores de la campaña “Paren de Fumigar”, llevada a cabo en más de 70 pueblos y comunidades en las que se lucha para frenar la expansión de los cultivos de soja transgénicos y el uso irracional de pesticidas que este conlleva. La causa judicial se inició en marzo de 2009 por iniciativa de un grupo de ciudadanos acompañados por el Centro de Protección de la Naturaleza (CeProNat). Esta sentencia dejará huella ya que supone anteponer la salud humana a los beneficios económicos. Además, la campaña y la posterior sentencia revelaron la especial sintonía entre los responsables políticos, favorables a la expansión del actual modelo biotecnológico de agricultura, con las multinacionales que comercializan estos productos químicos altamente tóxicos y determinados sectores científicos del país.
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