Luchar contra el cambio climático, conservar la biodiversidad y garantizar los derechos de los pueblos indígenas del Amazonas: todo esto sólo será posible si se protege la selva amazónica en su conjunto. El gobierno de Ecuador ha tomado la determinación de conservar la naturaleza y por ello se compromete a no explotar los yacimientos petrolíferos que se encuentran en pleno Amazonas. Se trata de una decisión valiente que apuesta por el futuro de muchas personas y del planeta. Ahora es el turno de la comunidad internacional, que deberá prestar el apoyo necesario para compensar el esfuerzo de Ecuador y ayudar tanto a este país como a Venezuela, Brasil y Bolivia. Este tipo de decisiones políticas son imprescindibles para frenar el cambio climático y conservar la biodiversidad garantizando la vida de muchas personas y la salud del planeta. Recordando el fracaso de la cumbre de Copenhague, esta iniciativa del gobierno ecuatoriano cobra un valor importantísimo ya que se dirige por el camino adecuado en la lucha contra el cambio climático. La protección del bosque amazónico se ve desde muchos estamentos simplemente como una vía para almacenar CO2. Esto se aprecia si se analizan los mecanismos REDD+1 (Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación), que en breve se pondrán en marcha y que se dirigen exclusivamente a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación con el objetivo de producir créditos carbón con valor en el mercado. Evidentemente, esta estrategia mercantilista puede contribuir a la protección de los bosques, pero existen otro tipo de alternativas mucho más económicas y razonables tales como el proyecto Yasuní-ITT. Este proyecto, cuyas siglas corresponden a las tres plataformas de perforación que existen en la zona (Ishpingo-Tamboca-Tiputini), tiene como objetivo no explotar los casi 850 millones de barriles de petróleo que contiene el Parque Yasuní.

La propuesta del gobierno ecuatoriano exige que se le compense al menos por un 50% de los beneficios que obtendría de iniciar el proceso de explotación de ese petróleo.
El petróleo constituye una importantísima fuente de ingresos para Ecuador. Por ello, el gobierno pide a la comunidad internacional su compromiso con la conservación de la naturaleza y su apoyo económico apelando al principio de responsabilidad compartida. Si bien, tal y como argumenta el gobierno ecuatoriano, todos somos responsables ante el cambio climático, son los países industrializados quienes más han contaminado y más han aprovechado los beneficios económicos para su desarrollo. La terrible experiencia de Ecuador con el petróleo y el triunfo de la justicia Ecuador conoció en sus tierras el peor desastre ecológico del mundo, el llamado “Chernóbil del Amazonas”, provocado por la multinacional petrolera Texaco (Chevron). El gobierno ecuatoriano de entonces concedió a la compañía 1.500.000 hectáreas de terreno en las que durante 28 años (1964 a 1992) la petrolera construyó y explotó pozos en plena selva, donde vivían varias comunidades indígenas en armonía con la naturaleza. Aún hoy en día muchas comunidades siguen sufriendo las consecuencias de la contaminación en forma de cánceres y enfermedades de transmisión genética. Una amplia zona quedó completamente contaminada por residuos tóxicos y aguas residuales del proceso de extracción del petróleo y muchas comunidades indígenas se vieron obligadas a abandonar sus tierras. Los ríos y estanques que utilizan unas 30.000 personas como fuente de agua de consumo, cocina y aseo personal, sufrieron el impacto de los tóxicos provenientes de las explotaciones petroleras.